Más de 25 productoras de biodiesel solicitaron una reunión urgente con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Buscan un aumento que equipare a los costos o deberán despedir a unos 3000 empleados.

Más de 25 pymes productoras de biodiesel, agrupadas en la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), aceleraron en los últimos días las solicitudes "urgentes" de una mejora en los precios, antes de resignarse a lanzar los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC).

El congelamiento de los precios del biodiesel data de diciembre de 2019, cuando, ya de salida, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, autorizó un aumento a $ 44.121 por tonelada. Lo mismo ocurrió con el bioetanol, también freezado desde el último mes del año pasado.

Las compañías buscan que los reciba el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, antes de dejar en la calle a unos 3000 trabajadores, según dicen.

Además, la agenda del sector de los biocombustibles marca que en los próximos meses se debe discutir una nueva ley de promoción, ya que la actual vence en mayo de 2021.

Las productoras desean que el Gobierno les habilite una mejora de la mezcla de biodiesel con gasoil de 10% a 27% y de 12% a 15% en el caso del bioetanol con las naftas.

Eso deberá ser consensuado con las automotrices y las petroleras, históricamente críticas de este sector, que postulan que el biodiesel debería ser exportado o que la soja sin procesar puede aportar más retenciones y recaudación al Estado.

Hoy los mercados externos están cerrados, debido a las trabas de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).

La capacidad de producción de cada una de estas firmas no integradas es de hasta 50.000 toneladas por año y acumulan un volumen total aproximado de ventas de 900.000 toneladas anuales.

Las plantas están centralizadas en siete provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, San Luis) y su oferta se vuelca por completo al mercado interno, para mezclar en un 10% con el gasoil.

"Los pequeños y medianos productores nos vemos afectados, una vez más, por la decisión unilateral y arbitraria de la Secretaría de Energía de la Nación de no publicar el precio del biocombustible, sin cumplir con lo establecido en el marco regulatorio que rige la actividad", denunció la CEPREB, cuyo director Ejecutivo es Francisco Jáuregui.

El 80% del costo del biodiesel es el aceite de soja, cuyo precio está dolarizado, por comercializarse en el mercado internacional. La constante devaluación de la moneda sumó presión a estas empresas.

No parece fácil que el Gobierno pueda atender estos reclamos: los combustibles líquidos (naftas y gasoil) también se encuentran congelados desde diciembre de 2019, como estrategia para contener la inflación.

Por eso, como contó El Cronista en enero, los productores de biodiesel buscan convencer desde lo discursivo: en sus plantas agregan valor a la soja. Un producto 100% nacional que ayuda a tener un ahorro de u$s 265 millones en importaciones de gasoil.

Además, plantean que "las pymes de nuestro sector van a la parálisis total e inminente quiebra; y con esta crisis se da lugar a que los grandes conglomerados agroindustriales extranjeros desplacen a los productores nacionales, lo que conllevaría la pérdida de miles de puestos de trabajo".

Al menos desde ese punto, estas pymes buscan en el Gobierno un aliado para que el mercado no quede concentrado en la estadounidense Cargill, la francesa Louis Dreyfus, la china COFCO y las locales Molinos Río de la Plata, Terminal 6 (Aceitera General Deheza, AGD), Viluco y Renova (la empresa que Vicentin, en serios problemas financieros y judiciales, comparte con la suiza Glencore).